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La situación de las mujeres en América Latina y El Caribe.

La situación de las mujeres en América Latina y El Caribe se caracteriza por una discriminación constante. A continuación podremos ver y analizar algunos de los puntos de esta situación, para tener una visión global que nos permita observar los avances y retrocesos de los últimos años.

La heterogeneidad de la región es enorme y el mero intento de comparación de países como Haití, Honduras o Guatemala con México, Chile o Argentina resulta en su mayoría del todo imposible. Sin embargo, a pesar de esto, lo cierto es que podemos encontrar una serie de problemas comunes en toda esta área en los últimos años como la implantación de políticas de ajuste estructural, la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones políticas, la preocupación por la calidad de la democracia, la pobreza de amplios núcleos poblacionales y principalmente, la desigualdad y la falta de cohesión social.

Puntualmente me centraré en materia de género…..

De todas las desigualdades, la de género es la única que está presente sin que el tamaño de la economía, los niveles de pobreza o los logros educativos la modifiquen significativamente (ONU,2007).

A pesar de este rasgo común, la magnitud de las diferencias es diversa entre los distintos países.

La existencia de una cultura machista y patriarcal, la persistente división del trabajo según el sistema sexo-género o la influencia de la Iglesia Católica ha conllevado que a pesar de los avances la situación no sea la deseable .Algunos de los países, producto de políticas más favorables a las mujeres se postulan como Estados en los que los niveles educativos, de atención sanitaria y de acceso de la mujer al poder son aceptables mientras en otros, principalmente los más pobres y los que cuentan con mayor población indígena, se encuentran muy rezagados.

En el ámbito de la igualdad de género además se observa como en la situación de las mujeres, aunque ha avanzado mucho en las últimas dos décadas, persisten desigualdades y discriminaciones, debemos entender como base : que la igualdad de género es un indicador de cuán democrático es un sistema político .

AUTONOMÍA

Los avances que se han dado en los derechos para las mujeres son destacados aunque la realidad es que estos han sido lentos y además al converger en América Latina diversos contextos multiculturales y heterogéneos, la situación de la misma debe ser vista considerando otras variables, al margen del sexo, como
la etnia o raza, la clase social, su situación de emigrante o desplazada, etcétera. Y todo ello porque las asimetrías se agravan en unión con esas variables.

La discriminación de género en esta región viene marcada por cuestiones tales como la religión, unos persistentes valores culturales asentados en ideas machistas y de sumisión de la mujer y la pobreza.

Junto a ello, el empleo deficitario y precario, el escaso acceso a los recursos económicos, se muestra como aspectos estructurales que impiden avanzar en la reducción de las desigualdades. En América Latina la condición de las mujeres no se puede entender sin considerar su estructura social y la falta de cohesión social en entornos con estructuras de gobierno que, en líneas generales, podemos caracterizar como débiles. A pesar de ello, se observan importantes avances especialmente desde la Conferencia de Beijing de 1995 que es el momento crucial a partir del cual se impulsan acciones promovidas desde colectivos de mujeres. Se produce, por tanto, en la actualidad una “mezcla entre los procesos de modernización y las costumbres existentes (de los que) surgen nuevas combinaciones en el mandato cultural de lo que debe ser una mujer”.

Podemos observar como los avances han sido especialmente significativos en el ámbito educativo, pero aún los pasos dados son todavía escasos y en ocasiones inciertos.

Aunque son diversos los aspectos que podemos tratar como causa o consecuencia
de la situación de discriminación de la mujer, la CEPAL (2007) considera que son cuatro las dimensiones clave de la autonomía y el empoderamiento:

Derechos reproductivos y el acceso a la salud reproductiva.

Empleo informal y mal pagado. También se encuadraría en este apartado la importancia del trabajo de cuidado, las políticas públicas de armonización de la vida familiar y laboral, y la interrelación entre pobreza y género.

Participación política femenina, relacionado con la necesidad de empoderamiento público.

Violencia contra las mujeres, el más grave de los atentados a la autonomía de la mujer.

Pero no podemos olvidar que el factor clave del progreso y los avances de las mujeres, es el ámbito educativo. Y todo ello con un fondo común, las mujeres en América son una mayoría entre los pobres en la medida que no cuentan con el tiempo disponible para buscar las formas más apropiadas para satisfacer sus necesidades y una proporción importante carece de ingresos propios.

EDUCACIÓN DONDE PARTE EL PROGRESO Y EL AVANCE

A nivel general podemos hablar de mayores avances en materia de acceso a la educación y menores en otros ámbitos como el político o el laboral.

El acceso a la educación es muy igualitario e incluso superior en el género femenino
en la educación secundaria y terciaria en toda América Latina aunque se dan excepciones en áreas con alta proporción indígena, especialmente en países como Guatemala, Bolivia y Perú.

Y es que las más altas tasas de analfabetismo entre la población joven (15 a 24 años de edad) se registran entre las mujeres indígenas.

En este sentido, las brechas de género en la educación se agudizan en presencia de otras desigualdades críticas como la socioeconómica y territorial (CEPAL, 2007).

El aumento en los años de escolarización entre las mujeres repercute además positivamente en otros indicadores como el de salud, acceso a métodos anticonceptivos o el de la violencia contra la mujer. Por eso es fundamental que “el ataque a la desigualdad (empiece) por el sistema educativo”.

Por otra parte, la maternidad temprana cuyos índices han aumentado, trae consigo una serie de consecuencias negativas para la mujer, entre ellas, una menor educación y capacitación laboral y mayor concentración de las mujeres en el rol reproductor, creándose de esta manera un círculo vicioso que es difícil pero necesario romper (Lamas, 2008).

SALUD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS…UNA DEUDA AUN.

En el ámbito de la salud, las mujeres latinas siguen falleciendo por causas que son
evitables. La mortalidad materna debido a complicaciones del embarazo y el parto sigue siendo uno de los problemas más dramáticos y, a la vez, más evitables de la región. La falta de cobertura para realizar controles prenatales y la falta de atención médica en el parto aumentan considerablemente el riesgo de muerte de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en zonas pobres y aisladas. Aunque la atención en el parto ha aumentado y muchos países cubren cerca del 100% de los alumbramientos (Cuba, Chile o Argentina, entre otros), en países como Nicaragua, Perú, Honduras o Haití está en torno al 50% (ONU, 2007). En este sentido, la mortalidad materna es especialmente grave en las zonas más apartadas y con menos servicios, es decir, las rurales, especialmente las áreas con una importante población indígena.

Junto a los temas de salud, en el ámbito reproductivo el acceso al uso de los anticonceptivos es notable pero a pesar de ello la maternidad temprana ha aumentado, especialmente en las clases más bajas, rurales, indígenas, etc., creando un círculo de maternidad, hijos, no educación y menor capacitación laboral

Además, en los últimos años, se ha incrementado El número de mujeres infectadas por el VIH/SIDA, muchas de ellas contagiadas por su pareja única y estable… A la
escasa protección y falta de educación respecto de esta epidemia se agrega el hecho de la falta de control sobre su propia sexualidad, por no tener la posibilidad
de imponer al hombre el uso del preservativo o de negarse a tener relaciones sexuales.

A este respecto, el derecho al aborto supone dar a las mujeres la posibilidad de decisión sobre su vida personal y profesional.

Pero el derecho al aborto solo se admite en 3 países (Cuba, Puerto Rico y Guyana) y en 5 está absolutamente prohibido (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Chile
y República Dominicana), vinculado a visiones conservadoras y a presiones de la Iglesia Católica

En Guatemala, por ejemplo, sólo un 18,1% de las mujeres indígenas entre 15 y 24 años asisten a un centro educativo (ONU, 2007).

En resumen, la planificación familiar y los anticonceptivos tienen relación directa con
el empoderamiento y la autonomía de la mujer puesto que la tasa de fecundidad influye en la pobreza al reducir las oportunidades laborales, incrementar los gastos en educación y salud, aumentar la vulnerabilidad y dificultar el ahorro (CEPAL, 2007).

TRABAJO: CONFIGURADOR DE POBREZA Y DESIGUALDAD

En el ámbito laboral, el destino “natural” de las mujeres ha sido el trabajo no remunerado de cuidados, incluyendo el trabajo doméstico, por lo que al tratarse de funciones no retribuidas suponen una sobrecarga y doble jornada no reconocida ni valorada. De esta manera, la pobreza en hogares con jefa de hogar se hace persistente y todo ello a pesar de que la participación de la mujer en el ámbito laboral ha aumentado. Sin embargo, esa mayor participación en el empleo no supone una igualdad en el ingreso pues este sigue siendo menor al de los hombres. En este sentido, podemos decir que la división sexual es un rasgo económico-cultural, reflejo y consecuencia de la subordinación e invisibilidad de la mujer en la sociedad (ONU, 2007).

Los aspectos más destacados para observar la discriminación de género en materia
laboral son:

Baja remuneración.
Trabajo informal y precarizado.
Trabajo de baja productividad.
Mayor desempleo.
Desigual uso del tiempo y especialmente en el
dedicado a las tareas domésticas.

Si nos detenemos aunque sea brevemente en estas variables podemos observar que la incorporación progresiva de las mujeres al mundo laboral en el siglo XXI ha conllevado una reorganización del trabajo, pero aun así persiste la segmentación laboral, la doble jornada o la discriminación salarial.

La división sexual del trabajo con roles sociales diferenciados por sexos sigue persistiendo, y el empleo informal y de baja productividad sigue recayendo en las mujeres. Esta construcción cultural conlleva que se ejecuten tareas sin visibilidad
ni reconocimiento, entre las cuales está la obligatoriedad social del trabajo doméstico

Algunos detalles que nos permiten caracterizar la situación de las mujeres en el ámbito laboral son, por ejemplo, que en todos los países de la región las mujeres se incorporan en mayor proporción a la fuerza de trabajo en función de su nivel educativo, variable que no incide en la incorporación de los hombres. Además, la jornada laboral remunerada de las mujeres es inferior a la de los hombres, debido principalmente al tiempo que demandan las responsabilidades familiares pero que al no medirse las horas de trabajo en el hogar, se invisibiliza la doble jornada de las mujeres. Las tasas de desempleo de la población son más altas y afectan en mayor
medida a las jóvenes y ello a pesar de que en la actualidad cuentan con más años de estudio que los hombres. Las diferencias entre las remuneraciones de mujeres y hombres son evidentes, en ese sentido, es especialmente llamativo que las mujeres con mayor educación son también las que ganan significativamente menos que los varones en esta misma condición

(ONU, 2005).

SINDICAL

La tasa de sindicalización a nivel de la región es baja, debido a los puntos anteriormente nombrados.

El ser trabajadora, en muchos casos madres , dueñas de casa y a eso sumarle el trabajo sindical termina siendo poco atractivo para las trabajadoras debido a que no hay políticas desde el gobierno e incluso desde los sindicatos para que podamos estar en todos esos frentes sin llevarnos la sobrecarga de trabajo….. a eso sumemosle que en la gran mayoría de los casos los trabajos son precarizados por lo que la sindicalización termina siendo hasta un riesgo de perder la fuente de trabajo debido a la demonización de los sindicatos.

MUJERES : POLÍTICA Y PODER

El aumento del número de mujeres en las instituciones públicas latino-americanas
desde la década de los noventa es palpable pero insuficiente. La necesidad de impulsar acciones afirmativas y leyes de cuotas en el ámbito político se observa como necesario en la búsqueda de la paridad en los procesos de adopción de decisiones para fortalecer la legitimidad de las instituciones pues la actualidad está marcada por el surgimiento de liderazgos femeninos y un comportamiento electoral crecientemente autónomo lo que puede conllevar cambios en las políticas públicas desde y hacia la mujer (CEPAL, 2007a).

En este sentido, se observan avances desde 1995 pero no hay tendencias homogéneas en todos los países.

A grandes rasgos, la posición de las mujeres en los gabinetes es muy volátil pues va a depender de la decisión del gobierno. Se ha aumentado el número de mujeres en cargos ministeriales (alrededor del 15%) y en candidaturas presidenciales pero el proceso es lento.

A pesar de ello, los ministerios sociales siguen teniendo una más amplia representación femenina que los dedicados a temas de economía y política. Bajo estos aspectos han destacado países como Chile (con un gobierno paritario), Colombia(con cinco mujeres en un gabinete conformado por quince ministerios) situándose en el extremo opuesto Uruguay, que en el año 2006 únicamente contaba con una única Ministra (ONU, 2007).

Y es que debemos destacar que las mayores resistencias para promover acciones
positivas a favor de las mujeres provienen de los propios partidos políticos (CEPAL, 2007).

El acceso a la máxima figura en el ámbito político, es decir, a Presidencia o Jefatura
de Estado de las mujeres en América Latina es destacable y han supuesto un hito muy importante. Sin embargo, en no pocas ocasiones dicha entrada
al ámbito presidencial “se ha debido más al capital político heredado de sus maridos que a su propia popularidad. Pero no solamente ellas, sino que la mayoría de mujeres destacadas en la vida política latinoamericana están emparentadas con políticos… varones” . En ese sentido, aunque supone un avance importante es necesario empezar a desvincular a las mujeres de sus maridos o familia aunque ellas mismas, en no pocas ocasiones, parecen seguir este juego.

En el poder legislativo, la mejoría es evidente donde hay ley de cuotas, especialmente en los casos de Argentina y Costa Rica (por encima del 30%). La situación de las mujeres en los parlamentos nacionales se sitúa en la media del 20,3%, con un aumento de 8,5 puntos en los últimos 15 años.

Los países con mayor número de mujeres parlamentarias son Costa Rica (38,6%), Argentina (36,5%), Cuba (36%), Perú (29%), Ecuador (25%) y Honduras (23%) (PNUD, 2008).

Se ha producido, por tanto, un avance pero aún bastante lento, el cual está siendo provocado por diversos factores:

Leyes de cuotas.
Presiones de la sociedad civil (movimientos feministas).
Voluntad política.

Por su parte, en el ámbito local es donde la mujer está peor posicionada, lo cual resulta paradójico puesto que por la mayor cercanía a la ciudadanía, a sus necesidad y a la participación pudiera pensarse que está más abierto al tema de la igualdad de género. El incremento de concejalas (entorno al 25%) ha sido notable
desde 1995, no así el de alcaldesas (5%), salvo en países que cuenta con una ley de cuotas como el caso de República Dominicana o Costa Rica (CEPAL, 2007).

El principal problema en el acceso a los centros de poder (al margen de la inexistencia de las cifras desagregadas por sexo) es la necesidad, persistente en todos los ámbitos, de modificar la cultura política latinoamericana que provoca sesgos discriminatorios. Por esta razón se observa como muy necesarias las acciones positivas para provocar cambios sostenibles y en un tiempo relativamente rápido. El logro de la paridad está todavía lejano y son necesarias medidas concretas y voluntad política. En este sentido, es fundamental el papel del Estado en la promoción de la igualdad. El problema es que a pesar de que 11 países cuentan con leyes de cuotas, la mayoría de las veces no llevan implícitas sanciones, con lo que no se aplican.

También debemos tener en cuenta que la máxima eficacia de las cuotas se da en los sistemas de representación proporcional, listas cerradas y cuando la ley exige que los candidatos de los distintos sexos se alternen (hombre mujer- hombre o mujer-hombre-mujer), y esto no ocurre en todos los países que optan por diversos sistemas electorales.

Los países que han adoptado cuotas son:

En el Gobierno formado en marzo de 2006 por Michelle Bachelet se nombraron a 10 hombres y 10 mujeres al frente de los diversos Ministerios.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia ( para cargos administrativos), Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela (hasta 1997).
Cuba, por su parte, destaca por no poseer cuotas y ser el país que cuenta con mayor número de parlamentarias.

VIOLENCIA : FÍSICA, PSÍQUICA Y SEXUAL

La violencia de género dirigida hacia las mujeres supone la consecuencia más grave de la discriminación de las mismas. En la violencia (psíquica —la más extendida—, física y sexual) los avances han sido lentos y ello principalmente porque los hombres han visto evolucionar su rol dentro del hogar y los cambios que ello ha conllevado no han sido asumidos y han provocado un incremento de la violencia (CEPAL, 2007).

En América, la violencia afecta a todas las mujeres, independientemente de su nivel
educativo o socioeconómico, aunque distintos estudios muestra que las mujeres pobres están más expuestas a la misma (ONU, 2007). La violencia física, por tanto, “tiende a disminuir a medida que aumentan los años de estudio de la víctima, como lo demuestran, en general, las tasas de violencia física contra las mujeres con educación superior, que tienden a ser más bajas”.

A pesar de la escasez de datos sobre dicha violencia, la misma es un problema muy destacado en países como Bolivia, Perú, Colombia o Ecuador, donde más de la mitad de las mujeres han sufrido violencia psíquica y entre el 30 y el 40% han sufrido violencia física (ONU, 2007) y ello a pesar de que la mayoría de estas agresiones no se refleja en las estadísticas, ya que las mujeres que las denuncian o recurren a los servicios disponibles para su atención constituyen un porcentaje menor.

Además esta invisibilidad del maltrato se agrava porque en América Latina la mayoría de los abusos tienen lugar en la familia y por parte del compañero o marido (CEPAL, 2007c).

La gravedad de las cifras sobre violencia contra las mujeres nos muestra una cultura de desigualdad y discriminación asentada en la supuesta inferioridad de las mujeres. Dicha violencia aparece caracterizada como un fenómeno, fruto de procesos históricos, culturales, ideológicos, económicos y políticos Además, ellas, las víctimas de violencia “suelen ser culpabilizadas cuando denuncian… (Lo que se une a que) los agresores no obtienen sanción, entre otras razones por el alto nivel de tolerancia social hacia lo que se considera —a pesar de las leyes— como un problema privado” (CEPAL, 2007).

La violencia que convierte a las mujeres latinoamericanas en víctimas no sólo es una violencia física, sino también estructural y cultural.
Aunque en otras magnitudes y cifras parece que se han dado avances, en materia de igualdad de género, la violencia parece persistir, siendo la más grave de las violencias el feminicidio o femicidio.

CONCLUSIÓN.

Debemos encontrar las formas organizativas que faciliten la unidad y la lucha contra el machismo y su explotación, lo que no es fácil debido a la educación que históricamente ha adquirido la sociedad: el modelo patriarcal y capitalista, donde uno de sus mayores representantes es la iglesia.

Debemos organizarnos en nuestros sindicatos, con departamentos y o comisiones que trabajen el tema, pero siempre dentro de la organización, funcionando junto a todo el resto, y no apartándola en movimientos aislados de la clase obrera.

Los sindicatos deben lograr tener una táctica para avanzar en la estrategia de integrar a las mujeres trabajadoras, que se sientan parte de la clase obrera para dar en conjunto la lucha contra la opresión y explotación de nuestra clase.

Los revolucionarios y revolucionarias tenemos la obligación de luchar contra la opresión y explotación de la mujer y la ideología machista que lo justifica.

La opresión de la mujer dificulta que las trabajadoras, que somos la mitad de la clase obrera mundial, seamos parte activa de la lucha contra el capitalismo, y eso debilita la lucha de la clase en su conjunto. Entonces, es necesario enfrentar la opresión de la mujer porque ella atenta contra la unidad de la clase obrera.
“la igualdad real de la mujer no será posible hasta que consigamos un régimen donde la mujer de la clase obrera sea la dueña de sus instrumentos de producción y distribución, tomando parte en su administración y teniendo la obligación del trabajo en las mismas condiciones que todos los miembros de la sociedad trabajadora; en otros términos, esta igualdad sólo será realizable después de la destrucción del sistema capitalista y su reemplazo por una sociedad socialista. Solo así se creará un estado de cosas en la cual la función natural de la mujer, la maternidad, no entrará en conflicto con las obligaciones sociales.

En conclusión, LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA POR ESTE FIN COMÚN DEBE SER DIRIGIDA INSEPARABLEMENTE PARA EL INTERÉS , LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE AMBOS.”

En palabras más simples, no lograremos la total liberación de la mujer sin una revolución socialista, pero no lograremos el triunfo de la revolución socialista si no ganamos para esta tarea al sector más explotado y oprimido de la clase obrera, LA MUJER TRABAJADORA.

Por: Viviana Abud

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